Los compañeros de los sindicatos de la Bahía de Cádiz nos informan que, a más de un año del estallido de la huelga del metal en la Bahía de Cádiz, la represión judicial contra los trabajadores continúa ejecutándose con métodos ejemplarizantes, fianzas desorbitadas y una maquinaria judicial orientada no a impartir justicia, sino a castigar la organización obrera y a intentar generar miedo colectivo. Ante esta situación, consideramos imprescindible informar al conjunto de la clase trabajadora del Estado sobre el estado actual del proceso, las acciones emprendidas y la necesidad de mantener y ampliar la solidaridad activa.
CONTRATACIÓN DE LA DEFENSA PENAL
Tras la ola de detenciones y la imposición de fianzas desproporcionadas, se celebró en agosto una reunión con nuestro abogado laboralista, Luis Ocaña, quien recomendó la contratación inmediata de un equipo de penalistas con experiencia contrastada. Tras evaluar distintas opciones, fueron finalmente incorporados a la defensa Ester Coto, Felipe Meléndez y Erlanz Ibarrondo, profesionales que aceptaron asumir el caso con plena implicación y que actualmente trabajan en la fase de instrucción judicial.
SITUACIÓN JUDICIAL ACTUAL
Las detenciones vinculadas a la huelga suman 25 trabajadores, de los cuales uno fue derivado a Fiscalía de menores y otro ya ha sido absuelto. A día de hoy, 24 trabajadores continúan encausados, y 16 de ellos han solicitado el apoyo de los abogados contratados, cuyos honorarios se cubrirán íntegramente a través de la Caja de Resistencia. Los procesos abiertos se dividen en dos juzgados:
Juzgado de Instrucción nº4 de Cádiz (mayoría de los casos) Juzgado de Puerto Real (resto)
NI AFILIACIÓN, NI BANDERAS: SON TRABAJADORES
La mayoría de las detenciones se produjeron tras la huelga, no durante ella. Las primeras no llevaron aparejadas fianzas, pero las posteriores sí, y en cantidades desmesuradas. Recordamos algo esencial: los encausados no son “afiliados”, son trabajadores. La huelga fue convocada por UGT y CCOO, pero la Caja de Resistencia se creó para defender a quienes sostuvieron el conflicto en la calle, con independencia de su organización o no organización sindical. Aquí no importan las siglas: importa la clase.
EL PUEBLO ORGANIZADO SALVÓ A LOS TRABAJADORES
El 7 de julio, la jueza del Juzgado nº4 impuso una fianza de 40.000€ a un trabajador. La Caja de Resistencia quedó en negativo (-17.000€) tras abonarla. Al día siguiente, el juzgado volvió a exigir 45.000€ a tres compañeros más, con ingreso en prisión si no se pagaba antes del viernes a las 14:00. El viernes, las fianzas se pagaron. No gracias a instituciones, ni a sindicatos oficialistas, sino gracias al pueblo trabajador. Posteriormente se abonaron otras fianzas de 15.000€ y 4.000€. Frente a los discursos derrotistas, Cádiz demostró que la solidaridad de clase no es un mito: es una fuerza real capaz de evitar encarcelamientos.
LAS FIANZAS: CASTIGO, NO JUSTICIA
Tras consultar a jueces, exjueces, abogados y personal de la administración, la valoración es unánime: las fianzas impuestas son desproporcionadas y deliberadamente ejemplarizantes. No existe proporcionalidad, ni criterio jurídico razonable: existe un mensaje político. El mensaje es claro: castigar a quienes se organizan y luchan. Nosotros respondemos con otra claridad: ni represión, ni miedo, ni división.
PRÓXIMOS PASOS Y LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD
Los procesos judiciales continúan abiertos. Las fianzas no son el final, sino el inicio de una larga batalla legal y económica. Por ello:
La Caja de Resistencia sigue activa. Campañas de difusión, para que se sepa la situación actual. Se defenderá a cada trabajador encausado como parte de una misma causa colectiva: la defensa del derecho a huelga y la dignidad de la clase trabajadora.
El FSOC manifiesta su solidaridad activa con los compañeros y compañeras represaliados, así como con los sindicatos que están sosteniendo la lucha en la Bahía de Cádiz. Lo que se está atacando no es solo un conflicto concreto, sino la posibilidad misma de que la clase trabajadora se organice y se defienda.
No aceptaremos que la protesta obrera sea tratada como delito ni que se pretenda imponer un modelo de “paz social” basado en el miedo y la coerción. La respuesta debe ser colectiva, firme y sostenida: cada agresión contra un trabajador organizado es una agresión contra todos.
FSOC seguirá denunciando públicamente estos hechos, apoyando las campañas de solidaridad y promoviendo la coordinación unitaria entre territorios para frenar esta deriva autoritaria.
Llamamos a sindicatos combativos, colectivos sociales, organizaciones estudiantiles, asociaciones vecinales y a toda persona consciente a mantener la solidaridad y la presión social.
Porque si tocan a uno, nos tocan a todos.
La represión no nos detiene, nos organiza.
El pueblo salva al pueblo.
No se defienden 24 trabajadores: se defiende el derecho a luchar.
FSOC - Frente Sindical Obrero de Canarias
FSOC – Secretaría Política
Daniel Casal Noviembre de 2025
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