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El Gobierno anunciará el nuevo paquete de ajuste impuesto por Bruselas para 2013 y para 2014. Si junio ha sido decisivo en la escala internacional para una España más cuestionada que nunca y que se ha visto abocada a pedir el rescate bancario, julio lo será porque las decisiones comunitarias adoptadas se trasladarán al ámbito doméstico a través de nuevos recortes.
Las fechas concretas sobre cuándo recibirá luz verde ese tercer gran decreto para cumplir con el déficit público no están cerradas porque son claves las conclusiones y los deberes que se traiga el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la cita que hoy concluye en Bruselas, así como las imposiciones que pueda incorporar el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras el Eurogrupo que se celebra el próximo 9 de julio.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó ayer que el Gobierno presentará en los próximos días el techo de gasto de los Presupuestos para 2013 y que éste irá acompañado de un plan económico-financiero para 2014. Lo hizo coincidiendo con la aprobación definitiva de los Presupuestos de 2012 en el Congreso, de los que defendió que suponen el compromiso de España "con la austeridad, el rigor y el compromiso con la reducción del déficit".
Fuentes de Hacienda apuntan a que a mediados de julio el Ejecutivo dará el visto bueno al techo de gasto -que tenía que haberse aprobado antes del 30 de junio- y, a finales, se aprobarán las líneas maestras y las medidas fundamentales de las Cuentas de 2014. Así, España respondería a la moratoria de un año para cumplir con el déficit público del 3 por ciento del PIB hoy comprometido para 2013 y que Bruselas podría ampliar el día 9.La segunda semana, clave
En el Gobierno insisten en que todo va muy rápido, con lo que no descartan que las decisiones se tomen el viernes que viene, 6 de julio, para que Guindos no vaya a Bruselas con las manos vacías teniendo en cuenta que en ese Eurogrupo España se juega mucho porque, además de negociar que se amplíe ese margen para la consolidación fiscal, se firma el memorándum del rescate a la banca. Sin embargo, el Ejecutivo tiene marcada en rojo la segunda semana de julio, como determinante después de que Rajoy diera su brazo a torcer este lunes ante Bruselas al asegurar que "pronto" habría "nuevas medidas difíciles [...] por difíciles que sean". El presidente recuperaba así su frase ya mítica de "cada viernes, reformas... y el que viene, más".
El 11 de julio, Rajoy comparece en el Congreso de los Diputados para informar sobre el Consejo Europeo y se plantean dos opciones. Por un lado, que dé un giro poco probable a su estrategia para optar por ser él, en primera persona y como hiciera José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, quien anuncie los nuevos ajustes. Por otro, que el decreto se apruebe en Consejo de Ministros el viernes siguiente, día 13 de julio con lo que Rajoy evitaría tener que rendir cuentas sobre los recortes y muchos españoles ya estarían de vacaciones. No está de más recordar que Moncloa, hasta el momento, ha ratificado los grandes ajustes en vísperas de Navidad y Semana Santa: el primer ajuste se aprobó el 30 de diciembre y el segundo, los Presupuestos, el 30 de marzo.
Entretanto, el Gobierno también ha vuelto a jugar con otra estrategia: la de pasar de negar rotundamente que vaya a adoptar una medida a evitar entrar en desmentidos y reconocer que son iniciativas "en estudio". En este sentido, se da por descontada en la tercer tijeretazo la subida del IVA, el incremento del IVA reducido de determinados productos o la supresión de la deducción por vivienda, todas ellas exigencias de la Comisión Europea y algunas del FMI.
En este sentido, en las últimas horas se ha abierto el debate sobre el sueldo de los funcionarios y la posible reducción del número de empleados públicos dentro de la reforma de la Administración (en el ámbito local) que el Gobierno ha anunciado para julio. Ayer, la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez (PP), dio a entender en la Cope que es necesario "eliminar empleo público" porque no va a bastar con rebajar el sueldo de los funcionarios. Prestaciones por desempleo y pensiones también están sobre la mesa.
