JOVEN INDEPENDENTISTA CANARIA CONDENADA POR HACER UNA PINTADA CONTRA EL PARO

Sin que para ello haya sido necesaria la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular, el número de militantes de izquierda procesados por su actividad política no ha dejado de crecer en los últimos años, paralelamente al incremento de la contestación social provocada por el estallido de la crisis capitalista.

Con una situación económica que impide restablecer el "consenso" y la "paz social" que se fundaron en el acceso masivo al crédito barato, durante los años en que se gestó la burbuja inmobiliaria, el aparato estatal se encuentra hoy abocado a mostrar, sin tapujos, cuál es su función esencial como instrumento de represión de las luchas populares. Y así lo han comenzado a comprobar, en sus propias carnes, todos aquellos que osan comprometerse con dichas luchas.

En las Islas, el último episodio de estas características tenía lugar el pasado sábado, en la capital grancanaria. Durante la madrugada de este día festivo, la joven militante independentista Aisha Hernández Rodríguez fue detenida por agentes de paisano mientras escribía en una pared: "75% de paro juvenil". Una pintada con la que pretendía denunciar el drama del desempleo que viven en Canarias, de manera particularmente intensa, las nuevas generaciones.

La acción, que debido a su inocuidad parecía destinada a provocar un mero apercibimiento por parte de la policía concluyó, no obstante, con la joven en los calabozos. "Me quitaron las llaves del coche y me pidieron que me identificara, a lo que yo respondí que lo haría cuando ellos hicieran lo propio y me devolvieran mis pertenencias" -explica Aisha Hernández recordando lo sucedido.

Fue entonces cuando los agentes de paisano dieron aviso a otra patrulla de la Policía Nacional, que se personó en el lugar y procedió a detenerla. Hernández denuncia que, antes de que esto sucediera, "fue tirada violentamente contra el suelo y golpeada". Ya en la comisaría, la joven sostiene que fue sometida a una permanente "agresión psicológica" que llegó a provocarle varias crisis de ansiedad.

Lo peor, sin embargo, aún estaba por llegar. Tal y como ha sucedido en otros casos similares, los agentes implicados en el incidente acusaron a la detenida de "atentado contra la autoridad". Un delito sancionado en el Código Penal español con pena de prisión de entre 2 y cuatro años. En la mañana del domingo Hernández fue sometida a un juicio rápido en el que, finalmente, fue acusada por el fiscal de "resistencia a la autoridad". El caso se saldó con una condena a cuatro meses de cárcel y el pago de una indemnización a los agentes de policía.

Fuente: Canarias-semanal.org