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Hoy hace un año que entró en vigor la ley de la reforma laboral, once días más tarde de aprobarse en la Cortes el texto definitivo (25 de junio de 2012) y un día después de hacerlo en el BOE (7 de julio de 2012) La reforma laboral cumple su primer aniversario con 798.500 empleos destruidos, según la Encuesta de Población Activa (Epa), pero con el Gobierno tratando de contener públicamente su optimismo interno por los datos del paro de junio respecto a mayo, los cuales, según el Servicio Público Estatal de Empleo (Sepe), han bajado en 127.248 desempleados hasta situarse en los 4.763.680. Aunque según la Epa -que no proporcionará los datos del segundo trimestre de 2013 hasta el 25 de julio-, la cifra de parados en el primero asciende a 6.202.700, lo que incluye a dos millones de familias con todos los miembros en paro.
Es cierto que la cifra sigue siendo "dramática" para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sean los datos del Sepe (Ministerio de Empleo) o de la Epa (Instituto Nacional de Estadística), pero la destrucción de empleo se ha ralentizado -insisten- y desde mayo de 2012 hasta hoy, ha caído en 9 puntos, de los cuales, 6 se concentran en el primer semestre de 2013. La bajada del paro en junio de este año es el mejor dato de la serie histórica y, recuerdan en el PP, "el objetivo a corto plazo de la reforma laboral es frenar el ritmo de destrucción de empleo y sentar las bases para crearlo, además, estable y de calidad".
Efectivamente, la destrucción de empleo se frena, pero los datos de contratación son alarmantes y en junio, sólo el 20% de quienes se dieron de baja en el Sepe lo hicieron porque encontraron trabajo en un contexto, además, de rebaja muy significativa de la media salarial: un 6,1% menos en el primer trimestre de 2013 que se suma al 5,4% de rebaja en 2012. También en junio, sólo el 6,8% (87.346) de los contratos firmados (1,27 millones, un 8% menos que en junio de 2012) han sido indefinidos y la mitad de ello, a tiempo parcial, lo que confirma una herida creciente de precariedad laboral en el mercado español.
Sin crédito y en recesión
La gran pregunta, sin embargo, es por qué no se crea empleo y la respuesta del Ejecutivo remite a la recesión y la falta de crédito, nunca a la reforma laboral, al contrario: sin ésta, el daño habría sido mucho mayor. La recesión, según los mensajes de los últimos días de los miembros del Gobierno, da sus últimos coletazos y acabará en el segundo trimestre de 2013, recién inaugurado. Por otro lado, en la falta de crédito se está trabajando con la UE y, tras la última Cumbre Europea de finales de junio, las perspectivas para que la situación de las pymes mejore en este sentido son favorables. Si el crecimiento se sitúa entre el 0,3 y el 1,3% y fluye el crédito, se empezará a crear empleo, argumentan los analistas del Gobierno.
El Ejecutivo de Rajoy lo fía, pues, todo al condicional ("Podría haber sido peor") y al futuro del crecimiento económico y del grifo del crédito. De momento, sin embargo, los datos son los que son y la balanza sigue inclinándose del lado del pesimismo y de la incertidumbre respecto a una reforma laboral muy criticada por los sindicatos y los partidos de la oposición, así como por la mayoría de la opinión pública, que sigue teniendo en el paro la principal de sus preocupaciones. Pero también -aunque en sentido opuesto- por la Comisión Europea, que a finales de mayo daba a Rajoy una de cal y otra de arena al confirmar que se retrasaba el cumplimiento del objetivo del déficit público dos años (2,8% en 2016) y pedirle una revisión de la reforma laboral, que considera insuficiente.
El primer aniversario de la reforma laboral, además, supone el vencimiento de más de 1.300 convenios de los que dependen las condiciones laborales de dos millones de trabajadores, al haber limitado la reforma la ultraactividad de los convenios a un año. Esto significa que en cuanto vence su plazo de vigencia, el convenio sólo se puede seguir aplicando durante el citado año y, si antes de ese plazo no hay acuerdo para renovarlo, los trabajadores pueden perder los beneficios del convenio de empresa y deben regirse por el sectorial. Un año después de aprobarse la reforma, por tanto, 1.340 convenios y 1.902.929 trabajadores pueden perder los derechos adquiridos durante años de negociación colectiva. De momento, no ha habido un acuerdo general para solucionar esta situación y los sindicatos alertan del aumento de la conflictividad social que puede traer esta nueva situación, sumada a las demás derivadas de la reforma laboral.
Fuente: Público.es
