En la víspera de la aprobación de la reforma laboral, las últimas estadísticas oficiales han mostrado al Gobierno un escenario de depresión. Durante 2010 se superará el 20% de paro entre la población activa, el déficit público se ha disparado por encima de lo previsto hasta el 11,4% del PIB en 2009, y el Ejecutivo plantea modificar el sistema de pensiones porque no ha sido capaz de garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Para evaluar las cifras que día tras día ilustran la gravedad de la situación económica,
2010 no será un año de creación de empleo. La sentencia de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, resume las peores previsiones de este Ministerio, que da por hecho que en algunos momentos del año se superará el 20% de paro entre la población activa. La cascada de cifras sobre el desempleo se concretó el 29 de enero con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha caído como un plomo sobre las esperanzas de recuperación que el Gobierno fomentó en 2009.
La EPA es uno de los 180 indicadores que los integrantes del Colectivo Ioé incluyen en su riguroso Barómetro Social de España, una base de datos pública (barometrosocial.es), que, cada año, acompañan de una valoración crítica. El barómetro utiliza “las fuentes estadísticas más adecuadas” para cubrir los ámbitos sociales de renta, empleo, salud y hasta once campos más. Preguntados acerca de cuáles son los efectos más significativos de esta coyuntura económica, Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, miembros de este colectivo, admiten que han observado un incremento del disciplinamiento social, “ante la falta de alternativas se aceptan recortes de las condiciones de trabajo (entre los ocupados) o empleos en condiciones a la baja (entre los desocupados)”. Y es que el factor trabajo, eje de la crisis en el Estado español, es el principal quebradero de cabeza del Gobierno. El número de desocupados según la EPA se situó en los tres últimos meses del año en 1.864.500 personas, o lo que es lo mismo, más de un millón de personas perdió su trabajo en 2009.
Desde Ioé explican que “la crisis deja al descubierto la creciente brecha existente en España entre el capital financiero e inmobiliario y los directivos de las grandes empresas, de una parte, y la mayoría social de la clase asalariada y un amplio sector de pequeñas empresas y trabajadores autónomos menos competitivos, por otra”. Este Colectivo estima que más de 400.000 pequeños empresarios y trabajadores autónomos han ido a la quiebra entre 2008 y 2009. En la construcción, se han evaporado 34.700 empresas en el último año, un dato que se une al descenso de trabajadores por cuenta propia. En el último año, 394.400 personas han dejado de figurar en el régimen de autónomos.
No obstante, la crisis se ha ensañado especialmente con quienes antes sufrían la precariedad. Entre los principales resultados que destaca el INE en su encuesta trimestral está el hecho de que en 2009 el número de asalariados ha caído en 815.000 personas, de las cuales 668.000 tenían contratos temporales. La hemorragia de empleos temporales ha afectado especialmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes. Según datos del Barómetro Social, la tasa de paro de las personas entre 16 y 24 años se sitúa en el 24,6%, cuando en 2006 estaba en su mínimo histórico, el 17,9%. Las personas migrantes también se han visto afectadas por la caída libre del empleo temporal: actualmente el 29,70% de los extranjeros está en paro. Esto sitúa al Estado español casi 17 puntos por encima de la media de la UE, con 27 puntos en la tasa de temporalidad en el empleo.
FUENTE: MAGEC.INFO
